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La UE pretende elevar los impuestos a las grandes tecnológicas

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre las opciones que ha planteado a los países del bloque comunitario para elevar los impuestos que pagan en la Unión Europea las multinacionales del sector de la economía digital, esto es, las empresas tecnológicas.
Es decir, una normativa que obligaría a pagar más impuestos a compañías como Booking, Airbnb, Expedia, Facebook o Google.
El Ejecutivo comunitario ha señalado que el marco fiscal actual no se ajusta a la realidad puesto que no «captura las actividades que se fundamentan cada vez más en datos y activos intangibles», según ha apuntado en un comunicado. En consecuencia, existe un riesgo de minimizar las bases imponibles, provocar distorsiones a la competencia y crear obstáculos a la innovación.
Por ello, Bruselas planteó a los Estados miembros tres opciones, que son establecer un gravamen sobre los ingresos de estas compañías tecnológicas, aplicar retenciones fiscales sobre transacciones digitales o imponer una tasa sobre la facturación generada por la provisión de servicios digitales o actividades publicitarias.

Una normativa necesaria

«Nadie puede negarlo: nuestro marco fiscal ya no se ajusta con el desarrollo de la economía digital o con nuevos modelos de negocio. Los Estados miembros quieren gravar los grandes beneficios generados por la actividad económica digital en sus países. Necesitamos una solución a nivel comunitario«, ha señalado el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.
Esta cuestión fue debatida por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su última cumbre en Bruselas y destacaron la importancia de «velar por que todas las empresas paguen la parte de impuestos que en justicia les corresponde y garantizar la igualdad de condiciones global» en línea con los trabajos en marca en la OCDE.
Asimismo, los líderes europeos confiaron en que el Ejecutivo comunitario presente una propuesta «adecuada» al respecto a principios de 2018.
En este sentido, la Comisión Europea busca a través de esta consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 3 de enero de 2018, contribuciones de ciudadanos europeos, empresas y organizaciones con el objetivo de definir el enfoque que tendrá su propuesta definitiva.

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