Irlanda también pone fecha para restringir a Airbnb en las principales ciudades del país. En junio, las nuevas restricciones aprobadas por el gobierno irlandés limitarán la capacidad de los propietarios para alquilar sus casas en plataformas como Airbnb. Aun así, los propietarios podrán seguir anunciando sus casas y apartamentos a medida que aumente la demanda, tal y como ha informado la propia plataforma.
Las nuevas reglas, propuestas por el Ministerio de Vivienda de Irlanda, prohíben a los propietarios alquilar sus propiedades durante más de 14 días seguidos y no más de 90 días al año. Además, los arrendatarios tendrán que registrarse en sus ayuntamientos y aportar la información de cuántos días se ha alquilado el espacio.
A su vez, los propietarios que deseen alquilar sus viviendas en este tipo de plataformas de economía colaborativa por más tiempo, tendrán que obtener un permiso especial para registrarlas como de uso comercial, pero los ayuntamientos de zonas de alta demanda de vivienda de larga estancia podrán denegar el permiso.
Según ha afirmado el Ministerio de Vivienda, inmobiliarias e inversores no recibirán estos permisos, por lo que no podrán poner sus propiedades a disposición de plataformas como Airbnb.
De acuerdo con AirDNA, el servicio de rastreo de pisos turísticos de Airbnb, la cantidad de viviendas irlandesas anunciadas para alquiler turístico ha aumentado considerablemente en el último año. Por ejemplo, en Galway, Dublín, Cork, Limerick y Waterford, el número de viviendas disponibles en diciembre pasado era de 5.855, 1.015 más que un año antes (+20%).
Los precios también se están disparando en esas ciudades. En Dublín, el precio medio del alquiler turístico es de 143 euros diarios, en comparación con los 127 euros que costaba hace un año.
Amsterdam restringe un poco más
Este tipo de restricciones no son nuevas para Airbnb, que ve como ayuntamientos y gobiernos nacionales están restringiendo la libertad del alquiler turístico. En septiembre pasado, el Ayuntamiento de Edimburgo solicitó una licencia que limitaba los alquileres de Airbnb a 45 noches por año, además de que cobraba un impuesto de una libra por turista y noche.
En Amsterdam también han propuesto prohibir que las plataformas de alquiler vacacional estén presentes en los tres barrios más gentrificados y saturados del centro de la ciudad. Sobre todo, porque los locales ven imposible vivir y alquilar viviendas en esas zonas.
Al poco tiempo, la propuesta se edulcoró y se limitó a alquilar un máximo de 60 días por año, que desde el 1 de enero de este año se ha reducido a 30 días anuales y con un máximo de cuatro personas por vivienda. Aun así, a pesar de esta restricción, las reservas en Amsterdam a través de Airbnb crecieron un 8% en el último año. Es decir, crece menos que al principio, pero sigue creciendo.
Y victoria en Nueva York
Pero no todo son malas noticias para Airbnb. Un juez estadounidense ha decidido bloquear temporalmente la aplicación de una ley aprobada por el Ayuntamiento de Nueva York para poner coto a las empresas de alquiler turístico y que exige la entrega de información sobre los huéspedes, los clientes y las viviendas.
El juez Paul A. Engelmayer, del Tribunal Federal del sur de Nueva York, considera que la alcaldía no puede exigir los datos sobre las casas alquiladas, así como las identidades y residencia de los hospedados. Por tanto, la ley no entrará en vigor hasta que no concluya el litigio, según el juez, que considera que el asunto se resolverá en breve.
Airbnb, que presentó la demanda junto con la empresa de alojamiento HomeAway, dio la bienvenida a esta decisión calificándola, en medios locales, de «gran victoria» para la compañía y sus usuarios, «incluidos los miles de neoyorquinos en riesgo de sufrir una vigilancia ilegal que usan Airbnb para poder llegar a fin de mes».
Cabe recordar que el estado de Nueva York fue pionero en poner coto a estas plataformas. De hecho, en 2010 prohibió el alquiler por periodos menores de 30 días de viviendas situadas en edificios habitados por más de tres familias viviendo independientemente. La única salvedad era que dicho alquiler se hiciera con un residente permanente viviendo en el piso.
Según las autoridades locales, la nueva normativa pretende desarrollar la anterior ley de 2010 con el objetivo de frenar a estas empresas que, según las autoridades, han contribuido al aumento del precio del alquiler en Nueva York.
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