Los conflictos relacionados con Airbnb no dejan de crecer. Ante las voces que reclaman mayor regulación, surge ahora la de los anfitriones que han alquilado su vivienda o alguna habitación a través de esta plataforma y han sido sancionados.
Este colectivo, unido en la plataforma de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (ACABA) ha comenzado a protestar contra las sanciones que impone el ayuntamiento dirigido por Ada Colau. Y es que el consistorio catalán ha cerrado más de 2.000 pisos turísticos ilegales en los últimos meses y calcula que son más de 5.000 los que siguen operando sin licencia.
Solo en el último año se han abierto más de 6.200 expedientes disciplinarios a viviendas que ejercían como apartamentos turísticos de manera ilegal, más de la mitad de ellos, sancionadores. Y las multas son importantes: alquilar un piso turístico de manera ilegal puede suponer una multa de hasta 60.000 euros frente a los 30.000 de antes.
Los propietarios han decido organizarse para acabar con estas elevadas multas. En declaraciones a Efe, el portavoz de la plataforma, Dylan Tarin, ha explicado que ACABA ha surgido para amparar a aquellos usuarios de Airbnb que la utilizaron «de buena fe» y no para especular, tras las sanciones impuestas por el consistorio a pisos turísticos ilegales «de manera unitaria» y sin distinguir entre los diferentes casos.
Estas sanciones, han afectado, según Tarin, a personas físicas que alquilaban su vivienda habitual de manera puntual, en su mayoría, «por necesidad y no para especular».
El portavoz ha señalado que esta «actuación indiscriminada» del consistorio barcelonés debería haberse centrado en aquellas empresas y profesionales que se dedicaban a explotar viviendas económicamente.
Esperan sumar más anfitriones
La plataforma está formada actualmente por una cincuentena de anfitriones a las que el ayuntamiento les ha abierto un expediente administrativo, aunque Tarin espera que se unan más, puesto que ha remarcado que el consistorio ha abierto hasta 6.000 expedientes, de los que el portavoz ha calculado que unos 500 se podrían encontrar en la misma situación de las que constituyen el colectivo.
El portavoz ha defendido que la plataforma «no se opone» a la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona de «erradicar de raíz» el problema de los pisos turísticos ilegales de la ciudad, pero ha insistido que no se pueden tratar de la misma manera a todos los usuarios de Airbnb.
Asimismo, ACABA critica la posición tomada por la empresa de economía colaborativa, que Tarin ha denunciado que «se ha desentendido» de sus usuarios y no les ha ofrecido ningún tipo de ayuda, por lo que Tarin ha subrayado que «de colaborativa tiene poco».
