Según el informe elaborado por este comité, la Unión Europa debería recoger los beneficios generados por estas actividades, a la vez que asegurar competencia leal, derechos de los trabajadores y cumplimiento de impuestos. En la resolución no vinculante, el Parlamento Europeo ha expresado la necesidad de centrarse en áreas grises de legislación que causan diferencias importantes entre los estados miembros, debido a regulaciones nacionales y locales y a casos de ley.
Estas son las recomendaciones
- Oferta individual vs profesional: se necesitan criterios efectivos para distinguir entre ciudadanos individuales que ofrecen servicios de forma ocasional y profesionales, con principios generales a nivel de la UE y umbrales a nivel nacional (por ejemplo, basados en ingresos),
- Derechos de los consumidores: información a los consumidores sobre las reglas aplicables a cada transacción y sus derechos; las plataformas colaborativas deberían poner en marcha sistemas efectivos para quejas y para la solución de controversias,
- Responsabilidad: la Comisión Europea debería además clarificar la responsabilidad de las plataformas colaborativas tan rápido como sea posible,
- Derechos de los trabajadores: se deberían garantizar condiciones mínimas de trabajo y de protección adecuadas para todos los trabajadores de la economía colaborativa; los trabajadores también deberían poder acumular opiniones electrónicas que les dieran un ranking, y que eso constituyera su “valor digital de mercado”, y
- Fiscalidad: se deberían aplicar obligaciones tributarias similares a actividades que ofrezcan servicios comparables, ya sea en la economía tradicional o en la colaborativa; el Parlamento Europeo recomienda soluciones innovadoras para mejorar el cumplimiento fiscal y pide a las plataformas que colaboren con este fin.
El informe, aprobado en el Comité por 31 votos contra 1, con 3 abstenciones, ha de votarse aún en el Pleno del Parlamento en la sesión plenaria del 12 al 15 de junio.
Imágenes cedidas: Roman Borodaev