De los más de 75 millones de turistas extranjeros que visitaron España durante 2017, aproximadamente unos 17 millones se alojaron en casas y apartamentos no sujetos a las normativas en materia de alojamientos turísticos. Alojamientos que suelen ofrecerse bajo el paraguas de la llamada «economía colaborativa» y que, muchas veces, además de estar al margen de la ley y de la fiscalidad vigente, no suelen responder a los estándares de calidad, higiene y seguridad que sí deben cumplir los hoteles y el resto de establecimientos turísticos reglados.
Para Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en unas recientes declaraciones a la agencia EFE, se trata sobre todo de clientes con un bajo nivel adquisitivo.
Frente a este panorama, Molas aboga por la regulación de este tipo de alojamientos, que «haya control sobre las plataformas y que se les obligue a presentar una relación de los clientes a los que se les vende una estancia». También a establecer un control fiscal sobre este tipo de economía. Con eso, «se cortaría el problema de raíz».
Rescatando unas declaraciones suyas, publicadas en Tecnohotelnews, el pasado mes de noviembre, «se hace imprescindible que desde el Gobierno central se articule con las diferentes Comunidades Autónomas y se promulgue una ley que regule toda la oferta de alojamiento sumergido e ilegal, a favor de la protección de aquellos que si cumplen la legislación, de los derechos de los clientes y, en definitiva, de la propia marca España. Es inadmisible el fraude que se está cometiendo tanto desde el punto de vista fiscal como laboral en estas miles y miles de viviendas que bajo el erróneo nombre de «economía colaborativa» están disfrutando de un negocio lucrativo en perjuicio de los demás».
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