El Gobierno está ultimando los detalles de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, la cual permitirá a las comunidades de vecinos vetar los nuevos pisos turísticos y, consecuentemente, frenar la expansión de estos alojamientos en todo el país. Uno de los principales cambios propuestos es que los nuevos alojamientos turísticos requerirán la aprobación expresa de la comunidad de vecinos, un permiso que solo se podrá obtener con la autorización de las tres quintas partes de los propietarios.
La actual normativa contempla que las juntas de vecinos solo pueden prohibir que un piso turístico siga operando en su inmueble cuando se generen molestias para el resto de inquilinos. Con una mayoría de tres quintos se podía revocar la autorización. La enmienda que promueve el Gobierno busca que la autorización vecinal sea previa a la instalación del piso turístico, manteniendo la mayoría de tres quintos.
En caso de que la vivienda esté operando sin el permiso correspondiente o no esté registrada, deberá cesar su actividad. «Queremos que sea necesaria la autorización de los vecinos, con mayorías de tres quintos, para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos introducir un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de alojamientos», adelantó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El Gobierno insiste en la necesidad de que la Ley de Propiedad Horizontal considere a los pisos turísticos como una actividad económica más, y, por tanto, deben tener los mismos criterios fiscales, incluyendo la aplicación del IVA. Este cambio se implementará a través de una enmienda registrada por el PSOE a la Ley de Servicio Público de Justicia, que se aprobará próximamente y afectará a la mencionada Ley de Propiedad Horizontal. La enmienda no tendrá efectos retroactivos ni afectará a los pisos turísticos que ya estén en funcionamiento.
Uno de los argumentos legales que ha utilizado el Gobierno para limitar este tipo de alojamientos en las comunidades de vecinos es la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En particular, se han citado dos sentencias publicadas por el alto tribunal a finales de 2023 sobre vecindarios en Oviedo y San Sebastián, donde se concluyó que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica. Estas sentencias dieron la razón a las comunidades de propietarios que pedían el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.
Además, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defiende que esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal es un “ajuste quirúrgico”. Ha pedido la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda y ha puesto de relieve en varias ocasiones que el aumento descontrolado de las viviendas de alquiler turístico está reduciendo los arrendamientos tradicionales y, por tanto, alejando a vecinos y trabajadores de los núcleos urbanos.
Airbnb responde
Airbnb ha defendido este miércoles, a través de un comunicado, que la actividad de sus usuarios y el gasto que hacen los clientes en los destinos están impulsando la economía en España y ayudando a mantener 130.000 empleos. La compañía asegura que el impacto económico directo, indirecto e inducido de sus viajes en 2023 fue de 8.500 millones de euros, lo que aporta a las arcas públicas ingresos de 3.600 millones.
“La actividad de compartir el propio hogar, una casa de veraneo, la casa familiar del pueblo o una vivienda de alquiler de corta duración genera un beneficio neto positivo para las comunidades locales en España”, afirma la empresa, destacando el impacto de su negocio en la hostelería. Además, muchos de sus alojamientos están ubicados en áreas sin oferta de alojamiento tradicional, lo que significa que los ingresos van directamente a los residentes de esas localidades.
