Primero fue en Baleares y Barcelona; ahora en Madrid y Valencia. La capital del Turia ha sido la última en sumarse a la redacción de una nueva Ley de Turismo que pasará tras este trámite a la votación final en el pleno, y después de aprobarse 44 enmiendas.
La entrada en vigor de la ley implicará que los municipios puedan elaborar sus propios planes de ordenación de los recursos turísticos (PORT), permite elaborar en la región planes de intervención para delimitar zonas turísticas saturadas. Además, con la nueva ley, en la ciudad de Valencia los nuevos pisos turísticos quedarán limitados prácticamente solo a los bajos y las primeras plantas.
Una de esas enmiendas de aproximación es la que establece que se consideran viviendas de uso turístico «los inmuebles completos, cualquiera que sea su tipología, que, contando con el informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso, se ceda mediante precio, con habitualidad, en condiciones de inmediata disponibilidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio», tal y como recoge el diario Público.
Igualmente, existe «habitualidad» cuando se dé alguna de estas circunstancias: que sea cedido para su uso turístico por empresas gestoras de viviendas turísticas; que sea puesto a disposición de los usuarios turísticos por sus propietarios o titulares con independencia de cuál sea el tiempo contratado y siempre que se presten servicios propios de la industria hostelera, o cuando se utilicen canales de comercialización turística, a través de operadores turísticos o cualquier otro canal, incluido Internet u otros sistemas de nuevas tecnologías.
Sanciones y recopilación de datos
Se incorpora también al texto la figura de los planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) con el objetivo de regular el planeamiento, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y las actividades de explotación de recursos en el ámbito de la ordenación turística.
El proceso de enmiendas no ha supuesto cambios en las sanciones a imponer en caso de infracciones y sanciones, que supondrán en el caso de infracciones muy graves multas desde 100.001 a 600.000 euros o la clausura del establecimiento o cese de la actividad o del servicio turístico.
Además, portales como Airbnb tendrán la obligación de pedir al titular que acredite los permisos y licencias necesarios para el alquiler y el número de registro. A su vez, deberán facilitar esos datos a las administraciones para que estas puedan cotejar los datos.
Protestas vecinales
Por últmo y tal como recoge eldiario.es, mientras se debatía la norma, el colectivo Entre Barris ha realizado una protesta a las puertas de les Corts. Los integrantes han colocado una fila de maletas en las que podía leerse «esta ley nos echa de casa», aludiendo a los efectos en distintos barrios del proceso de «turistificación» de València.
Mijo Miquel, promotora de la acción, ha señalado que el gobierno del Botànic «debe mostrar que está con las necesidades de los vecinos en materia de vivienda y no en promover la especulación inmobiliaria y la turistificación de la ciudad».
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