Ha sido una semana de claros y oscuros para la compañía que ha revolucionado el alojamiento en internet. Después de haber conseguido una inversión de 450 millones de dólares a principio de la semana, un conflicto legal iniciado por el fiscal de Nueva York Eric Schneiderman ha puesto en entredicho la regularidad de la oferta de la compañía en la gran manzana.
Según el fiscal, realquilar un inmueble durante menos de 30 días y que no es vivienda habitual es ilegal en Nueva York. En el caso de Airbnb, alrededor del 64% de su oferta en esta ciudad se ciñe a apartamentos completos, y no a un espacio compartido, como la ley parece indicar.
En cualquier caso, la reacción de la startup ha sido contundente, al afirmar en boca de David Hantman, Head of Global Public Policy de la compañía, que «está claro que el fiscal desea combatir la innovación y atacar a la gente corriente, de modo que no será fácil defendernos si no permanecemos unidos».
Por su parte, la fiscalía se ha defendido asegurando que «Schneiderman ha trabajado anteriormente con compañías tecnológicas como Facebook o Yelp para eliminar cualquier actividad ilegal de sus páginas. Es decepcionante que Airbnb haya tomado un camino distinto y trate de distraer la atención del problema y evadir la ley».
En cualquier caso, la compañía ha afirmado haber comenzado un proceso de autorregulación para la gestión de impuestos que podría suponer unos ingresos de unos 20 millones de euros al año para el gobierno local.
Sobre la problemática de Airbnb y su modelo de negocio, Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, comentó para TecnoHotel que «el fenómeno Airbnb no es una amenaza para el sector, más bien una tendencia. Pero es una tendencia peligrosa, ya que este tipo de alquileres supone el foco de economía sumergida más importante en nuestro país, con millones de estancias no tributadas. Cierto es que las plataformas son legales, pero muchas personas tienen dados de alta 30 apartamentos y no existe registro de que las personas que se ocupen de su limpieza y su mantenimiento, por ejemplo, estén dadas de alta en ninguna empresa. Es un perjuicio para la agencia pública y para la actividad turística en general. Un segundo problema es la falta de garantía para los consumidores, ya que nadie garantiza el servicio y cada vez se producen más casos de estafas sin posibilidad de reclamación. Por último, se está produciendo un perjuicio a muchas comunidades de vecinos que no están preparadas para el constante trasiego de personas que entran y salen, con los problemas de seguridad que ello puede acarrear».
Fuente: inc.com
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