El sector turístico respira un poco más. El Gobierno ha anunciado que las empresas que solicitaron un crédito con aval del Estado tendrán tres años más para devolveros. Y es que muchas empresas del sector se acogieron a estos préstamos con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poder sobrevivir a la pandemia.
El Gobierno aprobó en abril en torno a 100.000 millones de euros para estos créditos ICO de los que, según la ministra de Económica, Nadia Calviño, se han solicitado unos 82.000 millones. Esta ampliación sirve para que los préstamos, dirigidos sobre todo a pymes y autónomos, se puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2021.
Asimismo, el plazo de carencia se alarga otro año más, hasta un máximo de 24 meses, por lo que los futuros impagos que puedan producirse y que causen un quebranto para las arcas públicas no computarán en déficit en 2021. Por último, el vencimiento se alarga a ocho años.
Por otro lado, el Gobierno ha alargado hasta el 14 de marzo la moratoria para pedir concurso de acreedores. A su vez, y ante el delicado estado de las cuentas de la Seguridad Social, por hacer frente tanto al desempleo como a las prestaciones de los ERTE, Hacienda ha aprobado un nuevo crédito de 6.000 millones de euros para engordar este sistema.
Los hoteleros piden más
Por su parte, tal y como recoge EFE, los hosteleros y hoteleros de Madrid han reivindicado como necesarias «ayudas directas» del Gobierno central para sus sectores, que les permitan mantener su actividad ante la perspectiva del cierre definitivo de muchas empresas vencidas por la crisis de la pandemia.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha dicho que la caída de la demanda, que se ha extendido en el tiempo «mucho más de lo pensado», mantiene a los empresarios pequeños y grandes en una situación «muy complicada, con las reservas al límite».
Garrido ha expresado su esperanza de que la recuperación económica se produzca a partir de la primavera de 2021 con la ayuda de medidas económicas adoptadas «ahora» por la Administración que les permita «llegar con vida» a ese momento.
En este sentido, Garrido ha manifestado la necesidad de que el Estado ayude a mantener la solvencia de las empresas con «ayudas directas», pues los créditos ICO y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «ya tuvieron su utilidad, pero no son suficientes para lo que se necesita».
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