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El Ministerio del Interior de España ha decidido posponer nuevamente la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, que ahora se implementará el 2 de diciembre de 2024. Esta normativa, recogida en el Real Decreto 933/2021, estaba originalmente prevista para el 1 de octubre, como anunciamos hace unos días, pero ha sido aplazada debido a razones técnicas. Sin embargo, desde el sector turístico se insiste en que los problemas de la normativa van más allá de plazos o cuestiones tecnológicas.
Controversia en el sector turístico
El nuevo registro de viajeros ha generado una fuerte oposición en la industria turística, tanto a nivel nacional como europeo. Las patronales del sector, lideradas por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), han manifestado su rechazo unánime al Real Decreto, alegando que la medida conlleva múltiples problemas que podrían afectar gravemente al sector. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran el aumento de costes administrativos, la reducción del número de turistas y la pérdida de competitividad de España como destino turístico líder.
CEHAT, que representa a más de 16.000 establecimientos hoteleros en España, ha subrayado que el aplazamiento del registro no es suficiente y que se requiere una revisión profunda de la normativa. Según la patronal, el principal problema radica en el contenido del decreto, que consideran incompatible con la normativa de la Unión Europea, además de generar inseguridad jurídica y una carga administrativa desproporcionada para las empresas turísticas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Principales críticas del sector
Entre los argumentos presentados por las patronales turísticas se destacan los siguientes:
- Impacto económico: El decreto impondrá costes adicionales significativos que, según el sector, se trasladarán a los precios de las vacaciones, lo que podría desincentivar la llegada de turistas.
- Problemas de competitividad: Las empresas españolas se enfrentarán a una desventaja competitiva en los mercados tanto nacionales como europeos, lo que podría afectar a la posición de liderazgo de España en el turismo europeo.
- Inseguridad jurídica: La normativa no cuenta con la claridad necesaria para evitar vacíos legales, lo que podría generar incertidumbre y caos administrativo, especialmente para las PYMES.
- Conflictos de privacidad: Existe un riesgo elevado de que la normativa entre en conflicto con las leyes de protección de datos tanto españolas como europeas, lo que podría generar desconfianza entre los turistas.
CEHAT y las demandas del sector
Tras el anuncio de la prórroga, CEHAT ha emitido un comunicado en el que reitera la necesidad de una revisión integral del Real Decreto. Jorge Marichal, presidente de la Confederación, ha subrayado que el problema no radica en los plazos de adaptación tecnológica, sino en el contenido del decreto. Marichal ha señalado que las preocupaciones del sector se centran en aspectos como la incompatibilidad con la normativa europea, la inseguridad jurídica y la carga administrativa que la normativa supondría para los trabajadores del sector.
Además, CEHAT ha destacado que el rechazo al Real Decreto es generalizado y ha unificado a todos los sectores turísticos, desde hoteleros hasta agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos y plataformas de viviendas de uso turístico. Esta unión ha dado lugar a un documento conjunto en el que se solicita la revisión o derogación de la normativa. Incluso, a nivel europeo, las asociaciones turísticas se han sumado a la petición de buscar alternativas viables.
Propuestas de la patronal turística
En un intento por buscar soluciones, CEHAT y otras organizaciones del sector han propuesto una serie de medidas que facilitarían la implementación de la normativa sin perjudicar a las empresas turísticas. Entre estas propuestas destacan:
- Mejoras tecnológicas: Implementar sistemas de recolección y transmisión de datos unificados y automatizados, desarrollados en colaboración con empresas tecnológicas especializadas.
- Flexibilidad para PYMES: Ampliar los plazos de adaptación para las pequeñas y medianas empresas, así como ofrecer apoyo económico y formativo para garantizar su viabilidad.
- Alineación con normativas europeas: Revisar los requisitos del registro para asegurar que no entren en conflicto con la normativa de la UE sobre la protección de datos y la libre circulación de personas.
- Igualdad en la aplicación de la normativa: Garantizar que las obligaciones del registro se apliquen de manera uniforme a todos los tipos de alojamientos, incluyendo las viviendas de uso turístico, para evitar desventajas competitivas.
Colaboración con el gobierno
Finalmente, CEHAT ha expresado su disposición a colaborar con el Ministerio del Interior y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar que la normativa sobre el registro de viajeros contribuya a fortalecer la seguridad en España, sin perjudicar la competitividad del sector turístico. No obstante, la patronal lamenta la falta de diálogo por parte del gobierno, lo que ha generado una sensación de imposición que, según CEHAT, podría haber provocado un caos administrativo de haberse implementado la normativa en los plazos originales.
Por el momento, la prórroga hasta el 2 de diciembre de 2024 otorga tiempo adicional para revisar la normativa y buscar soluciones que satisfagan tanto a las autoridades como al sector turístico, clave para la economía española.
Imágenes cedidas: Annie Spratt en Unsplash
