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Barcelona planea eliminar todos los pisos turísticos para 2028, ¿es viable? Esto dicen los expertos

Todos los pisos turísticos de Barcelona se eliminarán en 2028, según anunció el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Esta medida se aplicará mediante el decreto ley aprobado por la Generalitat, que regula las viviendas turísticas, y tiene como objetivo destinar estas propiedades a uso residencial.

En una rueda de prensa, el alcalde acompañado por los tenientes de alcalde, Laia Bonet y Jordi Valls, detalló la voluntad de convertir el máximo número de pisos turísticos en viviendas residenciales, incrementando así el parque de vivienda disponible en la ciudad. «El gobierno ha decidido ir a fondo», afirmó Collboni, subrayando la determinación de su administración para abordar los desafíos del acceso a la vivienda.

Actualmente, Barcelona cuenta con 10.101 pisos turísticos que el gobierno de Collboni planea suprimir, aprovechando el decreto de la Generalitat. Este decreto insta a los municipios a redactar, en un plazo de cinco años desde diciembre de 2023, un plan urbanístico que determine cuántos pisos turísticos se permiten. Según la inteligencia de datos de Mabrian, esta cifra podría subestimar el tamaño del mercado de alquileres de corta estancia, un 63% mayor que la cifra oficial, que suma más de 15.800 unidades en total. Esto se traduce en casi 56.700 plazas de alquiler turístico.

Esto significa que el total de plazas de alojamiento en alquileres de corta estancia en Barcelona representa el 67,6% de la capacidad total de los hoteles de la ciudad (84.000 plazas hoteleras a finales de 2023, según el Observatori de Turismo de Barcelona).

Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian explica que, “determinar con claridad la dimensión real del mercado es crucial para la toma de decisiones, sobre todo teniendo en cuenta que, según nuestros datos, aproximadamente 1 de cada 4 unidades de alquiler en Barcelona no cuentan con la licencia obligatoria para alquileres turísticos”.

El texto del decreto establece que en los municipios con problemas de acceso a la vivienda o que tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes, la actividad turística solo es compatible con el uso residencial si se permite expresamente en el planeamiento urbanístico. Dado que Barcelona es uno de los municipios afectados por estos problemas de acceso a la vivienda, el gobierno ha decidido no impulsar ningún planeamiento urbanístico que declare compatible el uso turístico de la vivienda con el residencial.

Según Carlos Cendra, «obtener datos fiables sobre lo que ocurre realmente en cualquier ciudad es casi imposible si lo comparamos, por ejemplo, con los datos sobre hoteles o aerolíneas: dada la naturaleza extremadamente fragmentada de la oferta, el hecho de que sin duda se producen muchos alquileres semilegales e incluso ilegales (lo que significa que no hay datos), la naturaleza altamente politizada del debate y que se trata de un segmento relativamente nuevo de los viajes”.

La estrategia para abordar los pisos turísticos en Barcelona

Así pues, la estrategia del Ayuntamiento no se centrará en limitar la cantidad de pisos turísticos permitidos, sino en extinguir las licencias existentes en noviembre de 2028 y actualizar el Plan de Alojamientos Urbanísticos para eliminar la categoría de pisos turísticos. «Eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado de alquiler o a la venta, o simplemente que tengan el uso residencial que nunca deberían haber perdido. Es como fabricar 10.000 nuevas viviendas en la ciudad en solo cinco años«, explicó Laia Bonet.

Sin embargo, para Javier Delgado, socio director y consejero delegado para EMEA de Mirai, «con una regulación clara que garantice la seguridad y la protección de los huéspedes, junto a una cuota sostenible y razonable de oferta de alquiler vacacional por ciudadano local y un régimen fiscal sostenible debería haber «sitio para todos» en todas las ciudades”.

Por otra parte, se mantendrá el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) que regula la implantación de todo tipo de alojamiento turístico. Desde 2016, se han impuesto alrededor de 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese a pisos ilegales, con unas 300 a 400 denuncias mensuales que el equipo de inspección municipal detecta y solicita su desactivación inmediata a las plataformas.

Consecuencias para los barrios

Según expertos del sector, la prohibición de los pisos turísticos «traerá consigo consecuencias negativas a largo plazo», en concreto para negocios locales y para los barrios, ya que como comenta Vanessa de Souza Lage, de Sustonica, que vive en Barcelona y cuyo negocio ofrece certificación de sostenibilidad para alquileres vacacionales, «los viajeros de alquiler vacacional contribuyen a un turismo más sostenible. Tienden a gastar su dinero localmente, apoyando directamente a la comunidad».

Y es que, según Vanessa de Souza Lage, los barrios donde no hay hoteles se benefician de estos viajeros. «Como los viajeros cocinan en el alojamiento, es más probable que compren en los mercados locales, adquieran productos locales y, por tanto, contribuyan directamente a la economía local. Este gasto local impulsa la economía del barrio, creando puestos de trabajo y fomentando la capacidad de recuperación económica«.

Entonces… ¿cuál podría ser la solución a todos estos problemas? Javier Delgado lo tiene claro: «La solución ideal sería una normativa europea que estableciera normas y restricciones claras que garantizaran la sostenibilidad y la equidad. En cualquier caso, debemos reconocer que esto es fácil de decir y difícil de hacer».

Imágenes cedidas: Nick Fewings en Unsplash

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