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La Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (ACABA), integrada por más de un centenar de anfitriones que han sido multados por alquilar su residencia habitual de forma esporádica a través de la plataforma, ha iniciado con éxito y de forma inédita en el mundo una demanda colectiva por prácticas desleales contra Airbnb.
El Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona ha requerido mediante auto al Ayuntamiento de Barcelona y a la empresa Airbnb para que entreguen a la Asociación ACABA en el plazo de 30 días, toda la información necesaria para determinar los concretos afectados por las multas impuestas por el Consistorio a pisos turísticos de la plataforma en un periodo de dos años, en los que hasta 5.077 usuarios de la plataforma Airbnb han sido sancionados.
Más de 229 millones de euros de multa
Denuncian que se han impuesto más de 2.500 sanciones por importes de 30.001 euros y otras 2.577 por importes de 60.001 euros. Aseguran que las sanciones impuestas en Barcelona solamente a usuarios de Airbnb asciende a más de 229.620.000 euros. «Estas cifras estratosféricas evidencian que, de forma masiva y bajo la apariencia de una práctica colaborativa no profesional, las graves prácticas desleales perpetradas por Airbnb están poniendo en un elevado riesgo a miles de personas», añaden los afectados.
Según el abogado de la Asociación, Dylan Tarín, “Airbnb no solo se ha prevalecido en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante una infracción de la ley, consistente en publicar ofertas turísticas sin la correspondiente habilitación, sino que, paralelamente, he incluso más grave, ha cometido prácticas desleales contra los consumidores».
«Además ha inducido a incumplir la ley en beneficio propio y a sabiendas de su ilicitud, creando la impresión y dando a entender que podía alquilarse la residencia habitual de forma turística sin la correspondiente habilitación. Esto ha generado unos perjuicios incalculables a sus usuarios, así como también a la ciudadanía en general, dadas las elevadas externalidades negativas que ha producido la actividad de la plataforma”, concluye.
La plataforma ha confundido a los ciudadanos
Desde esta plataforma aseguran que Airbnb ha inducido a los anfitriones a la confusión «mediante una cuidada estrategia y unos eslóganes promocionales que ha repetido incansablemente». Entre ellos, “querer Barcelona es compartirla con el mundo”, “te ayudamos a llegar a fin de mes” o “democratizamos y redistribuimos la riqueza del turismo”.
Alegan que ha confundido a miles de ciudadanos para que se registraran en una comunidad de oferta y demanda de alojamientos turísticos no profesionales, que, bajo el concepto home-sharing y amparada por el cajón de sastre de la sharing economy, representa en realidad un incumplimiento muy grave de la normativa turística de Catalunya.
Prohibir los anuncios de alojamientos ilegales
La demanda colectiva pretende la reparación de los perjuicios originados por la plataforma en Barcelona. Pero hay más. Persiguen también la prohibición a Airbnb de publicar anuncios de alojamiento turístico sin la correspondiente habilitación y hacer publicidad confusa sobre ello.
Esta acción judicial supone una nueva controversia en el debate ya existente en casos como los de Uber y Globo y la responsabilidad de las plataformas de economía colaborativa sobre sus propios usuarios y su consideración como consumidores o trabajadores.
