La junta directiva de la Asociación por el alquiler turístico de Menorca (Aptume) ha anunciado que denunciará la delimitación de zonas aptas para el alquiler turístico que el Consell Insular de Menorca tiene previsto aprobar en julio ante el Defensor del Pueblo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La asociación, recientemente constituida, ha tomado esta decisión después de reunirse con la presidenta del Consell menorquín, Susana Mora, quien les ha avanzado la intención del equipo de gobierno de aprobar definitivamente la llamada zonificación sin cambios sustanciales respecto a su propuesta inicial y sin tener en cuenta las alegaciones presentadas. Bajo esta norma, las viviendas que se comercialicen turísticamente en zonas no aptas serán objeto de inspección or parte del Consell, que tendrá la potestad de imponer multas a los particulares que pueden ascender hasta los 40.000 euros.
Una vez se haya llevado a cabo esa aprobación definitiva, desde Aptume presentarán alegaciones ante el Defensor del pueblo y buscarán que la CNMC revise la normativa y que, si no avala su idoneidad, presente recurso contencioso administrativo. En el caso de que no lo haga, la asociación estudiará plantear un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.
Concienciación y defensa del alquiler turístico
Desde Aptume han informado de que la asociación menorquina se adhiere a la plataforma #SiAlTurismeIntegrador, una campaña lanzada desde Habtur Balears que busca concienciar a la población sobre el alquiler turístico, maximizando los aspectos positivos de esta práctica y trabajando para minimizar los negativos.
El sector de las viviendas de alquiler turístico defiende el valor redistributivo de esta actividad, que permite que el turismo «llegue a lugares a los que antes no llegaba, beneficiando también a la oferta complementaria, que se verá afectada por las regulaciones restrictivas».
Apume ha asegurado que no pretende ser solamente una asociación para hacer frente a lo que califican de «zonificación injusta», sino también erigirse en una entidad «fuerte» para defender de ahora en adelante un alquiler turístico «para todos», exigiendo que la normativa sea «clara, coherente y ordenada», con el objetivo de que la actividad «se convierta en un referente de calidad, excelencia y convivencia».
