El Consell de Ibiza abrirá un expediente de infracción contra la plataforma de alquiler vacacional de Airbnb, tal y como adelanta la Cadena Ser en la isla balear. Según indica este medio, el gobierno de Ibiza pretende imponer una sanción de hasta 400.000 euros a la plataforma. A su vez, no esconde que se podría sancionar también con 40.000 euros a los propietarios que incluyan ilegalmente sus viviendas en esta web.
La respuesta del gobierno balear llega después de que Airbnb haya decidido incumplir la Ley Turística tras su modificación al considerar que no son «mediadores turísticos»
Vicent Torres, director insular de turismo, se ha mostrado «muy decepcionado» con la decisión de la plataforma, que alega actuar como «anfitriones de los anunciantes», dejando desprotegidos a los propietarios que, según Airbnb, «son quienes han de incorporar el registro que certifica que están autorizados para desarrollar una actividad turística».
Desde el gobierno ibicenco estudian ahora de qué forma van a formalizar el expediente de infracción, «ya que este proceso es largo y tiene que analizarse detenidamente». Si bien, aseguran que actuarán «con la máxima contundencia en la aplicación de lo que marca la Ley Turística».
El debate ‘Turisme, cap a on anem?’, organizado por la plataforma ciudadana Prou! y celebrado ayer en el Club Diario de Ibiza, sirvió también para que Juanjo Riera, presidente de los hoteleros ibicencos, asegurara que Airbnb «ha roto la convivencia», tal y como recoge el Diario de Ibiza. Riera calculó unas 60.000 plazas turísticas ilegales en Ibiza, el 50% de las legales.
«Falta diálogo entre las partes»
Hace un mes, Arnaldo Muñoz, director general en España y Portugal de Airbnb, defendía en un foro organizado por Diario Mallorca, que desde Airbnb lo único que pueden hacer es «enviar un recordatorio a los anfitriones par que cumplan con sus obligaciones fiscales».
Aun así, se mostraba favorable a regular la situación, pero pedía diálogo. «Estamos hablando de una realidad muy compleja, no somos quién para dictar normativas, pero sí para explicar experiencias de otras ciudades y contar qué tipo de cosas se pueden hacer”, argumentaba entonces.
Por último, también reclamaba que este tipo de leyes tuviera en cuenta a los particulares que se benefician de este tipo de plataformas.»No se puede regular todo igual, por eso, los límites que Baleares quiere poner con su ley nos parecen injustos y desproporcionados», decía Arnaldo Muñoz.
Sin embargo, la opción que abre el Consell de estudiar posibles sanciones a los anfitriones no parece ir encaminada en ese camino.
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