En una rueda de prensa celebrada ayer en Madrid, representantes de las distintas asociaciones que componen la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), encabezados por su presidente Juan Molas, presentaron el denominado “Manifiesto en contra de la economía sumergida y la actividad económica ilegal en el alojamiento turístico español”.
Ramon Estalella, secretario general de la patronal hotelera, realizó una presentación en la que ofreció algunos datos sobre el peso de la oferta descontrolada en nuestro país, asegurando que existen ya más de dos millones de viviendas privadas utilizadas con fines turísticos, si bien el número podría superior, motivo por el cual CEHAT ha instado a las administraciones a realizar un estudio exhaustivo que permita calibrar el peso real de esta actividad.
Estalella insistió en el hecho de que, “en el momento en el que las plataformas p2p cobran comisiones y reciben importantes inversiones, pasan a ser actividades económicas como cualquier OTA, sumando oferta privada para venderla y cobrar una comisión. Además, el 22% de la oferta tiene su origen ya en empresas jurídicas que han comprado viviendas para alquilarlas. Para colmo, la oferta mayoritaria se encuentra entre los 100 y 250 euros diarios, más del 39%. Incluso hay un 11% por encima de los 250 euros, pero el turista que alquila este tipo de alojamientos consume una media menos de 80 euros al día, contribuyendo mucho menos al sector y al PIB del país”.
El sector hotelero se siente especialmente atacado por esta nueva tendencia, que considera ilegal, especialmente después de los esfuerzos realizados por los hoteles en términos de precio para poder mantener altos niveles de ocupación. Ramon Estalella reconoció que, tras haberse reunido con algunas de las plataformas consideradas de “consumo colaborativo”, ha notado una evolución en su percepción de la necesidad de una regulación, ya que se han convertido en grandes negocios que cotizan en bolsa.
Por su parte, el presidente de CEHAT, Juan Molas, se mostró especialmente preocupado por “el incremento de esta actividad ilegal. No queremos impedir el alquiler de viviendas sino la competencia con reglas del juego desiguales. La hostelería cumple muchas normativas y queremos denunciar la falta de regulación en estas otras plataformas: problemas de seguridad, de convivencia en comunidades de vecinos, aumento de la economía sumergida, del trabajo ilegal y, sobre todo, degradación de la imagen y futuro de los destinos turísticos españoles. Estas plataformas gozan de total permisividad beneficiándose de vacíos legales, es una oferta de fraude en un país con cada vez menos garantías jurídicas».
Asimismo, el presidente de CEHAT señaló a la Administración: “denunciamos públicamente la permisividad y connivencia del Gobierno con esta economía sumergida que perjudica a los que cumplen las normas. Mientras, el sector está sometido a muchas, excesivas normativas, que encarecen el producto final. Esto es un fraude fiscal, no hay control de Hacienda en la generación de facturación con las mal denominadas viviendas turísticas. Exigimos al Gobierno que controle lo que facturan con el cobro de miles viviendas ilegales que existen. Además, muchas de estas viviendas están en manos de ciudadanos extranjeros. Exigimos a nuestro ministerio una reflexión profunda para mantener la calidad y el empleo en el sector. Exigimos un apoyo decidido a las empresas y trabajadores del sector, que mantienen el PIB, dejando a un lado modelos electoralistas que acabarán con el liderazgo del turismo español a nivel mundial”.
MANIFIESTO DE LA HOTELERIA
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